Controles migratorios en lugares de trabajo van dirigidos contra violadores de leyes de empleo
El asegurarse que cada uno de sus empleados esté legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos es una de muchas responsabilidades que enfrenta cada negocio estadounidense—desde una nueva pequeña empresa hasta las corporaciones más grandes y prósperas de nuestro país.
Encargada de garantizar que la comunidad empresarial esté en conformidad con los requerimientos federales de elegibilidad de empleo, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desarrolló una estrategia integral de controles migratorios en lugares de trabajo dirigida contra empleadores que violan las leyes de empleo.
Esta estrategia incorpora un planteamiento triple en la realización de controles migratorios en lugares de trabajo: cumplimiento, mediante inspecciones I-9, multas civiles y recomendaciones para inhabilitación; acción policial, no sólo mediante el arresto de empleadores empleando trabajadores indocumentados a sabiendas, sino también el arresto de trabajadores no autorizados por violación de leyes relacionadas con trabajar sin autorización; y divulgación de información, mediante el programa de ICE Acuerdo Mutuo entre el Gobierno y Empleadores (IMAGE, por sus siglas en inglés), para fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad.
“HSI prioriza violadores que abusan y explotan a sus trabajadores, facilitan la trata o el contrabando de sus empleados extranjeros hacia los Estados Unidos, crean documentos de identidad falsos, facilitan el fraude de documentos o crean un modelo empresarial íntegro utilizando personal no autorizado”, dijo el director ejecutivo asociado interino de HSI Derek Benner. “Le damos aún más prioridad a la examinación detenida de empresas o industrias que se consideran intereses de seguridad nacional o infraestructura crítica”.
Desde un punto de vista operativo, cada investigación de control migratorio en un lugar de trabajo es única. Muchos factores son considerados y, dependiendo del nivel de cooperación y culpabilidad, el resultado final para la empresa y sus empleados varía de caso a caso.
Por ejemplo, una investigación recientemente completada de Asplundh Tree Experts Co., una de las empresas privadas más grandes en los Estados Unidos, reveló un esquema de emplear a extranjeros ilegalmente, en el cual los más altos niveles de la gerencia se mantuvieron en silencio voluntariamente mientras gerentes en los niveles más bajos contrataban y recontrataban a empleados que ellos sabían eran inelegibles para trabajar en los Estados Unidos.
La empresa se declaró culpable y se le ordenó pagar $80 millones tras una resolución de decomiso –el fallo más significativo dictado en un caso de control migratorio en un lugar de trabajo. También se les exigió atenerse a un acuerdo de cumplimiento administrativo estipulado por HSI Filadelfia, la jurisdicción local para la sede de la empresa.
De conformidad con un acuerdo de resolución civil, Asplundh pagará unos $15 millones adicionales para satisfacer reclamos civiles derivados de su incumplimiento de leyes migratorias, llevando el costo total de este esquema ilícito a $95 millones.
Una estrategia efectiva de controles migratorios en lugares de trabajo debe examinar tanto los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados a sabiendas como también a los propios trabajadores. En casos de controles migratorios en lugares de trabajo, los investigadores de ICE se adhieren a altos estándares investigativos, incluyendo los siguientes: ICE buscará evidencia de maltrato de trabajadores, junto con evidencia de trata, contrabando, albergue/escondite, fraude de visas, fraude de documentos de identificación, lavado de dinero y otra conducta criminal de ese tipo.
Investigaciones de controles migratorios en lugares de trabajo usualmente involucran violaciones de otros estatutos penales por empleadores y también pueden revelar abuso rampante de empleados. Por ejemplo, muchas de las investigaciones en lugares de trabajo por parte de la agencia revelan instancias de contrabando de indocumentados, albergue de indocumentados, fraude de documentos, lavado de dinero y explotación de trabajadores. HSI también investiga empleadores que utilizan fuerza, amenazas o coacción –tal como amenazar a trabajadores con deportación– para evitar que trabajadores extranjeros no autorizados denuncien sueldos inferiores o condiciones de trabajo peligrosas.
Al descubrir dichas violaciones, HSI está enviando un fuerte mensaje disuasivo a todas las industrias que empresas que contraten trabajadores no autorizados a sabiendas serán investigadas, posiblemente resultando en sanciones civiles o penales.
Empleadores que están buscando asistencia para asegurarse de que sus empresas estén en cumplimiento pueden buscar certificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante el programa IMAGE. Sus participantes se han comprometido a mantener un lugar de trabajo seguro y estable, incluyendo concientización y educación diseñada para prevenir prácticas de contratación ilícitas.
Tras completar inicialmente un cuestionario de autoevaluación, empleadores deben inscribirse al programa E-Verify de DHS, establecer una política escrita de contratación y verificación de elegibilidad de empleo y someter a la empresa completa a una inspección de formularios I-9.
Hasta el 1 de septiembre de 2017, existían 114 miembros titulares; cuatro endosatarios, los cuales son asociaciones que promueven los requerimientos de IMAGE a sus miembros; 287 miembros certificados (certificados después de 2011) y 183 empresas que habían firmado acuerdos y se encontraban en el proceso de convertirse en miembros certificados.
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