Comunicados de Prensa y Declaraciones

Estados Unidos tiene una política arraigada de remover a nacionales extranjeros que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos.

Estados Unidos tiene una política arraigada de remover a nacionales extranjeros que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos.

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El juez principal federal de distrito Raúl Arias Marxuach condenó a Francisco Xavier Ortiz Colón a 30 años en prisión, 10 años de libertad supervisada e inscribirse como delincuente sexual por nueve cargos de producción de material de abuso sexual infantil; ocho cargos de coacción e instigación de una menor para participar en conducta sexual; un cargo de recibir material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil. El 9 de noviembre de 2022, Ortiz Colón fue declarado culpable de 19 cargos relacionados con delitos de material de abuso sexual infantil.

Estados Unidos tiene una política arraigada de remover a nacionales extranjeros que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos.

#CincoDelViernes

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ICE actualiza directrices de detención para alinearlas con directrices actuales de los CDC sobre el COVID-19

Estados Unidos tiene una política arraigada de remover a nacionales extranjeros que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos. Esta política aplica a todos los no ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.

La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció hoy un proceso para las unidades familiares detenidas en la frontera suroeste que son procesadas para remoción expedita e indican una intención de solicitar asilo o expresan temor de persecución o tortura.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tomó acción policial focalizada contra no ciudadanos removibles, incluyendo aquellos con una orden final de remoción, que presentan un peligro para las comunidades y se conoce o sospecha han participado en violaciones de los derechos humanos durante una operación nacional efectuada entre el 24 - 28 de abril.

Vigil Argueta ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos.

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Durante la primera mitad del año fiscal 2023, el Departmento de Seguridad Interna (DHS) efectuó 225,483 deportaciones y retornos, un aumento sobre la cifra de 170,896 durante el mismo periodo del año anterior. Esa cifra incluye casi 66,000 deportaciones, 48,381 que se llevaron a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y se suman al 1,079,507 que fueron expulsados por el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por la frontera suroeste bajo la orden de salud pública del Título 42.

Armando César Zacarías, de 37 años, está siendo acusado de provocar un incendio y robarle al Municipio Itapuense en Paraguay.

Daniel Alan Lewis —53 años, de Hemet, California— se declaró culpable ante el juez federal de distrito Fernández Rodríguez Jr. Como parte de su declaración, Lewis también admitió que, en noviembre y diciembre de 2021, él entregó numerosos bonos de ahorro falsificados en bancos tanto en las áreas de Houston como Brownsville.

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Pedro Saldívar Jr., de 46 años, recibió la pena sin la posibilidad de libertad condicional por un cargo de transportar material de abuso sexual infantil.

Una operación de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de Washington, D.C. dio como resultado la condena de un nacional salvadoreño por reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras una remoción previa. Víctor Manuel Romero Díaz —40 años, de El Salvador— recibió su condena en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia en Richmond el 14 de abril.

Agentes especiales de HSI San Juan arrestaron a Ignacio Manuel Delgado Fernández en el área de Cupey, San Juan por distribuir, recibir, transportar y poseer material de abuso sexual infantil. El Equipo de Trabajo de Delitos contra Niños de Puerto Rico asistió en la investigación.