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Agosto 6, 2020Jackson, MS, Estados UnidosExplotación Laboral

Gerentes, supervisores, personal de recursos humanos imputados por delitos derivados de la acción policial de control migratorio en lugares de trabajo más grande en un solo estado en la historia de la nación

Cargos incluyen albergar a extranjeros indocumentados, asistir a otros a representarse falsamente como ciudadanos y obtener tarjetas de seguro social falsas, mentirle a la policía, fraude por medios electrónicos y robo de identidad con agravante

JACKSON, MS — Pliegos acusatorios fueron publicados el jueves contra cuatro individuos que eran gerentes, supervisores o personal de recursos humanos en empresas basadas en Misisipi donde agentes federales con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuaron órdenes de registro penales y administrativas en agosto de 2019. El director adjunto y alto funcionario ejerciendo las funciones del director Matthew T. Albence, el agente especial encargado interino de HSI Nueva Orleans Gilbert Trill, el fiscal federal para el distrito sur de Mississippi Mike Hurst y el agente especial encargado de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo Rafiq Ahmad anunciaron la publicación de los pliegos acusatorios en una conferencia de prensa el jueves en Jackson.

“Los resultados de esta investigación penal en curso ilustran la importancia de la aplicación firme de medidas de control migratorio en el interior del país. Los arrestos efectuados el año pasado —de conformidad con la ejecución de más de una docena de órdenes de registro por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos— han producido 126 pliegos acusatorios, 117 arrestos penales y 73 condenas hasta ahora. En total, más de 403 individuos falsificaron información del seguro social con fines de obtener empleo ilegalmente en Estados Unidos", dijo Albence. "Compañías que basen su modelo empresarial en una fuerza laboral ilegal de manera intencional o consciente privan a ciudadanos respetuosos de la ley e inmigrantes legales de oportunidades de empleo, las cuales son especialmente críticas mientras nuestra economía busca recuperarse de los retos enfrentados por la pandemia del COVID-19. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE continuará su compromiso con hacer cumplir las leyes que el Congreso ha aprobado. Esas leyes protegen trabajos para la fuerza laboral legal, reduce incentivos para la inmigración ilegal y elimina ventajas financieras injustas para empresas empleando inmigrantes ilegales".

“Esta oficina tiene un historial exitoso enjuiciando empleadores por violar nuestras leyes migratorias —y hoy marca otro paso en garantizar que se haga justicia de manera equitativa e imparcial, sin importar el violador de la ley. Estoy agradecido con nuestros socios en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y los fiscales federales de nuestra oficina por abordar tenazmente estas violaciones penales. Los pliegos acusatorios publicados hoy marcan el comienzo, no el final, de nuestras investigaciones y enjuiciamientos. Pueden estar seguros de que continuaremos persiguiendo delincuentes y haciendo cumplir nuestras leyes penales a dondequiera que la evidencia nos pueda llevar", dijo Hurst.

PLIEGO ACUSATORIO DE SALVADOR DELGADO NIEVES DE A&B, INC.

Según el pliego acusatorio, Salvador Delgado Nieves —57 años, de Pelahatchie, Misisipi— fue acusado de tres cargos de albergar a extranjeros indocumentados, tres cargos de asistir a extranjeros indocumentados a hacerse pasar como ciudadanos estadounidenses, tres cargos de asistir a extranjeros indocumentados a obtener tarjetas de seguro social falsas y un cargo de hacer una declaración falsa ante oficiales de la policía cuando él negó haber contratado a extranjeros indocumentados en A&B, Inc. en Pelahatchie.

Delgado Nieves enfrenta hasta 74 años en prisión federal y $2.5 millones en multas por estas violaciones penales, ya que los cargos 1-6 conllevan una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 por cada violación; los cargos 7-9 conllevan una pena máxima de tres años en prisión y una multa de $250,000 por cada cargo; y el cargo 10 conlleva una pena máxima de cinco años en prisión y una multa de $250,000.

PLIEGO ACUSATORIO DE IRIS VILLALÓN DE A&B, INC.

Según el pliego acusatorio, Iris Villalón —44 años, de Ocean Springs, Misisipi— fue acusada formalmente de un cargo de albergar a un extranjero indocumentado, un cargo de hacer declaraciones falsas cuando ella negó haber contratado extranjeros indocumentados para empleo con A&B, Inc. en Pelahatchie y un cargo de causar que informes trimestrales falsos sobre sueldos fuesen presentados cuando ella sabía que el número de seguro social presentado en dichos informes no había sido asignado por la Administración del Seguro Social para el extranjero indocumentado específico listado en estos.

Villalón enfrenta hasta 20 años en prisión y $750,000 en multas por estas violaciones penales, ya que el cargo 1 conlleva una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 y los cargos 2-3 conllevan una pena máxima de hasta cinco años en prisión y una multa de $250,000 por cada cargo.

PLIEGO ACUSATORIO DE CAROLYN JOHNSON Y AUBREY “BART” WILLIS DE PEARL RIVER FOODS LLC

Según el pliego acusatorio, Carolyn Johnson —50 años, de Kosciuskio, Misisipi— era una gerente de recursos humanos y Aubrey “Bart” Willis —39 años, de Flowery Branch, Georgia— era el gerente de Pearl River Foods LLC en Carthage, Misisipi. Johnson fue acusada formalmente de seis cargos graves de albergar a un extranjero indocumentado, un cargo de fraude por métodos electrónicos y dos cargos de robo de identidad con agravante. Willis fue acusado formalmente de cinco cargos de albergar a un extranjero indocumentado.

El pliego acusatorio les imputa a ambos el delito de albergar a extranjeros indocumentados tras la ejecución de órdenes federales en la instalación de Pearl River Foods el 7 de agosto de 2019. Johnson también fue acusada formalmente de fraude y robo de identidad con agravante en conexión con una subvención del Estado de Mississippi para reembolso por capacitación en el lugar de trabajo para empleados de Pearl River Foods. Según descrito en el pliego acusatorio, Johnson presentó reclamos para reembolso por capacitación que nunca ocurrió.

Si es condenada, Johnson enfrenta un máximo de hasta 84 años en prisión y $2.25 millones en multas, ya que los cargos 1-6 conllevan una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 por cada violación; el cargo 7 conlleva una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de $250,000 por cada violación; y los cargos 8-9 conllevan una pena mínima obligatoria de dos años en prisión y una multa de $250,000 por cada violación.

Si es condenado, Willis enfrenta un máximo de hasta 50 años en prisión y $1.25 millones en multas, ya que los cargos 1-5 conllevan una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 por cada violación.

Villalón, Johnson y Willis comparecerán en el tribunal para la lectura de los cargos que se les imputan ante la juez federal Linda R. Anderson el jueves a las 1:30 p. m. Delgado Nieves comparecerá ante el juez federal Keith Ball a las 2:30 p. m. el jueves para la lectura de los cargos que se le imputan. El caso contra Johnson y Willis ha sido asignado al juez federal principal de distrito Daniel P. Jordan III. Los casos contra Villalón y Delgado Nieves han sido asignados al juez federal de distrito Carlton Reeves.

El 7 de agosto de 2019, HSI —en asociación con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Misisipi— efectuó múltiples órdenes penales y administrativas federales de registro en siete plantas a través del centro de Misisipi. Esta fue la operación de control migratorio en lugares de trabajo más grande en un solo estado en la historia de nuestra nación, conduciendo a la detención de 680 extranjeros indocumentados y al enjuiciamiento de 119 extranjeros indocumentados por robar las identidades de ciudadanos estadounidenses, falsificar documentos migratorios, afirmar falsamente ser ciudadanos estadounidenses y reingresar ilegalmente al país tras ser deportados, entre otros delitos federales.

Las investigaciones de violaciones penales federales continúan.

Se le recuerda al público que un pliego acusatorio es solamente una acusación y no debe ser considerado evidencia de culpabilidad. Cada acusado se presume inocente hasta que, y si se comprueba, su culpabilidad en un tribunal judicial.

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