Último de 13 se declara culpable de contrabando de indocumentados en el sur de Texas
LAREDO, Texas — Un hombre del sur de Texas se declaró culpable el miércoles ante la magistrada federal Diana Song Quiroga de la acusación de participación en una conspiración para contrabandear a extranjeros indocumentados.
Esta declaración de culpabilidad fue anunciada por el fiscal federal interino Abe Martínez, distrito sur de Texas. Este caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con la asistencia de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
José Francisco Morales Jr., de El Cenizo, Texas, es el último de 13 en ser condenado en la conspiración en la cual extranjeros indocumentados fueron contrabandeados alrededor de puestos de control de la Patrulla Fronteriza entre septiembre de 2015 y junio de 2017.
Los siguientes tres líderes de esta organización criminal —todos de Laredo— se habían declarado culpables previamente de los cargos de contrabando de indocumentados: José Andrés Gongoria Jr., 34, Sandra Nelly Chapa-Gongoria, 33 y Carlos Enrique Reyna-García, 29.
A continuación, los otros nueve miembros de la organización que también se habían declarado culpables previamente y ejercían como exploradores, transportistas y operadores de casas de seguridad: José Andrés Alberto Gongoria Sr., 46, María de Lourdes Gongoria, 36, Mario Adalberto Ramírez, 34, Juan Antonio Luna, 47, todos de El Cenizo; José García III, 36, Abraham Garza, 24 y Guillermo Valdovinos-Ríos, 55, todos de Laredo; Luis Rodríguez Jr., 19, de Dallas y Joseph Graves, 25, de Savannah, Georgia.
Miembros de la organización contrabandista dejaban extranjeros indocumentados por matorrales y luego los guiaban alrededor de puestos de control de la Patrulla Fronteriza. Los contrabandistas recogían a los extranjeros indocumentados una vez ellos pasaban los puestos de control para luego transportarlos más al norte.
La juez Marina Marmolejo anticipa programar la fecha de la audiencia de sentencia más tarde. En ese momento, cada acusado enfrentaba hasta 10 años de prisión federal y una posible multa máxima de $250,000.
Los fiscales federales adjuntos Alfredo de la Rosa y Andrew Hunt, distrito sur de Texas, están procesando este caso.